No es ninguna novedad decir que la empresa no solo es una unidad productiva o un elemento de creación de riqueza, también tiene su vertiente social cuyo impacto puede medirse en diversas esferas no estrictamente empresariales como son el impacto ecológico de su actividad (huella de carbono, circularidad de procesos, control cadena de suministros, etc.), la responsabilidad versus sus trabajadores y colaboradores, las buenas prácticas de mercado, ética empresarial, etc.

Sin embargo, hay una vertiente muy poco explorada como es comprender a la empresa como una institución que va más allá de sus actividades habituales y que afectan (o pueden afectar) a la viabilidad y la gobernanza de la organización.

A pesar de que parece que sigamos en una narrativa que achaca todos los males de la economía a aquello que se denominó “neoliberalismo”, lo cierto es que el peso de lo público en la economía de los países “avanzados” es cada vez mayor (51,5% del PIB en España en mayo del 2020). Esta tendencia está muy ligada a la transformación sociopolítica de las democracias liberales hacia el control estatal (y político) de todas aquellas áreas de influencia sobre la ciudadanía. De ahí el intento de crear una cultura contraria a la actividad empresarial en general y al empresariado en particular.

En este caso las empresas son tomadas como ejes de comunicación e influencia política y no solo como elementos económicos. La influencia de las empresas habría que tomarla tanto como una especie de “poder blando” que puede llegar a bascular ciertos marcos mentales de la población, como su capacidad de interlocución con actores políticos, el control de ambas dos esferas son cruciales para una nueva forma de entender la política que tiene tintes populistas.

El perímetro que idealmente delimitaba lo público y lo privado se va difuminando y existen movimientos políticos que tratan de acaparar (o condicionar) todo aquello que pueda contraponerse a una visión más estatista de la realidad, una sociedad más controlada por el Estado, una libertad individual restringida y una ciudadanía profundamente desinformada.

Es por ello que las empresas de cierto calado están en el punto de mira de ese populismo 2.0, tratarán de desestabilizar consejos de administración para lograr su control y, por supuesto, para ponerlo al servicio de esta nueva narrativa dónde lo privado es sinónimo de avaricia, donde la empresa es explotación, donde el empresario es el símbolo del egoísmo y la libertad solo puede ser libertad condicionada a los intereses políticos.

En este contexto, cualquier actividad, cualquier desavenencia, cualquier disonancia estructural en la empresa puede ser aprovechado como brecha para las operaciones de desestabilización empresarial.

Es por ello que la empresa ha de verse como una institución con capacidad de influencia en la sociedad y debe tener las estrategias, la visión y los recursos para poder combatir y revertir este tipo de ataques sistémicos que se empiezan a vislumbrar en nuestro país.

José Rosiñol. Head of Strategy